Con el fin de la gestión de Enrique Pelayo al frente del ayuntamiento de Ensenada, Baja California, también terminó el debate sobre permitir la construcción de complejos habitacionales y turísticos en la zona agrícola de la región conocida como la Ruta del Vino.
Dos meses después del cambio de administración y del ingreso de los nuevos integrantes del cabildo, por votación unánime los nuevos ediles decidieron dejar sin efecto el Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo para el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-turístico de los Valles Vitivinícolas, el cual había sido aprobado veinte días antes de que Pelayo abandonara el poder.
El reglamento que quedó sin efecto establecía las bases para cambiar el uso de suelo de agrícola a habitacional en la zona del Valle de Guadalupe, cuna de la Ruta del Vino, pues autorizaba construcciones superiores a cuatro hectáreas o de una vivienda unifamiliar por parcela para permitir complejos multifamiliares.
En la sesión del cabildo del miércoles, los regidores recordaron que el documento que quedó sin efecto fue el que se votó en sesión extraordinaria el pasado 7 de noviembre de 2013, pero que nunca se publicó en el Periódico Oficial del Estado.
[contextly_sidebar id=”3bb3e24a89e6fd75b20d0daebae9563b”]Aunque está pendiente la discusión de un nuevo reglamento de construcción para la zona, el cabildo acordó emprender un proceso de revisión de propuestas en el que se incluya la opinión de vitivinicultores y profesionales y dejó una normatividad provisional que dice que “no se otorgará licencia, permiso o autorización alguna cuando la distancia de los centros de población rural sea menor a 10 mil metros”.
Con lo anterior, se busca conservar “el sentido agrícola” del Valle y evitar la proliferación de gasolinerías, complejos habitacionales y turísticos en una zona en la que el principal problema es el abasto de agua.
Actualmente, en los tres poblados del Valle de Guadalupe —Francisco Zarco, El Porvenir, San Antonio de las Minas— la cobertura del servicio de agua potable es de 66% y de drenaje sanitario de 84%.
Según datos oficiales, el acuífero de Guadalupe reporta un déficit de 20 hectómetros cúbicos, por lo que es calificado por el mismo Ayuntamiento como “en condiciones de explotación máxima”.
Meses de lucha por el Valle
La discusión por el cambio en el uso de suelo inició el año pasado cuando vitivinicultores acusaron que el exalcalde Enrique Pelayo y el cabildo buscaban hacer cambios para beneficiar a empresarios de la construcción.
En la región del Valle de Guadalupe en 2013 comenzó a construirse en un terreno de mil hectáreas y a ofertarse por Internet el proyecto “Rancho Olivares Masterplanned Country Community”, el cual se publicitaba como un desarrollo residencial y turístico con 4 mil 500 viviendas, un hotel, un Club de Golf y un centro comercial pese a las prohibiciones de ese tipo de construcciones en la zona.
El terreno pertenece al Grupo Lagza, propiedad del desarrollador de bienes raíces Carlos Lagos, y de Ricardo Zazueta, quien fue subsecretario general de Gobierno del Ayuntamiento de Ensenada con Enrique Pelayo.
En ese contexto, en septiembre el ayuntamiento presentó un documento para modificar el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícola de la Zona Norte del Municipio de Ensenada (Región del vino) y permitir la construcción de proyectos turísticos e inmobiliarios en una región mayoritariamente agrícola.
En la sesión extraordinaria del cabildo del 7 de noviembre de 2013, a los vitivinicultores no les fue permitido el acceso a la discusión sobre el reglamento del Programa Sectorial y en fast track se autorizó la reglamentación de las construcciones que habían violado la ley, como en el caso del Rancho Olivares.
En ese entonces, los vitivinicultores consideraron que el reglamento ponía en riesgo al Valle, que actualmente produce 1.2 millones de cajas de vino cada año, es decir, el 90% de la producción nacional total.
Tras la decisión del nuevo cabildo —que junto con el alcalde Gilberto Hirata Chico iniciaron actividad el 1 de diciembre—, los vitivinicultores ven una oportunidad para conservar la vocación del Valle y trabajar contra la escasez de agua y a favor del vino.
